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Córdoba, Argentina
 
Investigan si la procuradora Alejandra Gils Carbó favoreció a su ex marido con la compra de un edificio
Un fiscal quiere saber si su ex esposo cobró parte de una comisión de $ 8 milllones por esa operación inmobiliaria.
  • Perón 667: en 2012, Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales, adquirió este edificio. Foto: Clarín
    19.03.2017
    El fiscal federal Carlos Rívolo investiga si la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, direccionó la compra de un edificio para favorecer a su ex esposo con una parte comisión por intermediación de más de 8 millones de pesos.

    En el marco de una investigación preliminar, Rívolo pidió una serie de medidas de prueba para comprobar la denuncia sobre la adquisición de un inmueble para la jefa de los fiscales ubicado en la calle Teniente General Perón 667.

    En esta causa, la también fundadora de la agrupación K "Justicia Legítima", está acusada de los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y cohecho.

    Gils Carbó es una ex fiscal que en el 2012, a instancias de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, fue nombrada jefa de todos los fiscales federales.

    Desde ese cargo tomó una serie de decisiones en sintonía con la política judicial de la ex presidenta, como por ejemplo nombrar fiscales sin acuerdo del Senado y ubicarlos en fiscalías clave.

    Actualmente, el oficialismo impulsa en el Congreso un juicio político contra Gils Carbó.

    En diciembre del 2012, firmó el expediente A 8798/2012 que puso en marcha una licitación pública para la compra de un nuevo edificio para el ministerio público.

    Como consecuencia del expediente se adjudicó la licitación a una empresa que ofreció un edificio ubicado en Alsina 872 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Pero sorpresivamente, el 28 de diciembre del 2012 mediante una polémica resolución -la 1022- Gils Carbó dejó sin efecto la licitación.

    Las polémicas razones esgrimidas en esa resolución se deben a que esa licitación "excedería" el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.

    Así afirmó que "habiendo vencido el actual ejercicio prespuestario, se carecería del financiamiento respectivo, con la consiguiente nulidad del acto de adjudicación que comprometería a este organismo a pagar sumas de dinero sin el respectivo respaldo presupuestario".

    Como consecuencia de esa extraña decisión, Gils Carbó tuvo que devolver al Gobierno 30 millones de pesos.

    "Esta arbitraria decisión provocó también un serio perjuicio para el dueño del edificio de Alsina 872, inmueble que estaba preadjudicado", afirmaron los denunciantes.

    Sin embargo, para los denunciantes la verdadera razón de la anulación de esa licitación "fue la adquisición de otro inmueble a valores muchos más altos y con el condimento de beneficiar a terceras personas en el negocio inmobiliario y a sí misma".

    Dos meses después de anular la licitación, mediante la resolución 317/13 Gils Carbó llamó a una nueva licitación para comprar dos o más inmuebles "en block".

    Pero en este llamado se estableció que la Procuración General de la Nación "no pagaría comisión inmobiliaria" y que en el caso de existir intermediarios "se deberá acompañar el pertinente instrumento público que acredite que fueron apoderados para actuar en nombre y en representación de los propietarios".

    Luego la Procuradora adjudicó esta nueva licitación a la empresa ARFINSA, propietaria del inmueble ubicado en la calle Teniente General Perón 667, en un precio de 54.050.000 pesos de acuerdo a una oferta presentada por Jauireguiberry Asesores Inmobiliarios SA.

    Como no estaba presupuestado el dinero, "se atendió con cargo de la partida del presupuesto general de la Nación, con la venia del entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina" y no con el presupuesto de la Procuración.

    También hubo problemas porque el inmueble de la calle Perón estaba incorporado al catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con restricciones para reformas.

    Pero ese problema de construcción no fue lo más grave sino "las negociaciones realizadas por Gils Carbó con la inmobiliaria Jaureguiberry con la oscura participacion de Alonso (el ex esposo de la procuradora) y con el señor Gonzalez Fischer, gerente genereal de ARFINSA y el pago de la comisión que ARFINSA realizó como propietaria del inmueble".

    Pese a que el pliego prohibía taxativamente el pago de comisiones, ARFINSA abonó aquellos $ 8.109.000 a los representantes de Jaureguiberry, lo que representa una comisión del 18 por ciento, cuando en el mercado inmobiliario, este tipo de pagos oscila en el 4 por ciento.

    Además, la inmobiliaria creó la empresa "Jaureguiberry SRL" con "el exclusivo fin de percibir ese monto de comisión inmobiliaria".

    El pago quedó reflejado en la factura número 0000.0001, es decir la primera de la SRL.

    La denuncia destaca que "Gils Carbó impuso como condición a su ex esposo como parte del negocio, a modo de intermediario solapado".





     
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