En el Gobierno esperan que Vandenbroele "apunte" a Boudou y los otros cerebros de la compra ilegal de la imprenta
El supuesto testaferro de Amado Boudou en el caso Ciccone entró al régimen de protección de imputados. Cómo es el proceso para que pueda figurar como arrepentido.
Alejandro Vandenbroele en el juicio al ex vicepresidente Amado Boudou por la supuesta apropiación de la imprenta Ciccone Calcográfica en el Tribunal Oral Federal Nº 4. Foto: DyN

La Justicia y el Gobierno esperan que Alejandro Vandenbroele declare ante al fiscal federal Jorge Di Lello y "apunte para arriba" en la organización que presuntamente comandaba Amado Boudou para la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica.

En la indagatoria que dará en los próximos días antes Di Lello, Vandenbroele deberá dar datos o documentos que incriminen a los cerebros de la asociación ilícita que hizo la maniobra, tanto con Ciccone como con un asesoramiento por la renegociación de la deuda de Formosa con el Gobierno nacional.

Si Vandenbroele "no apunta para arriba", el fiscal no podrá ofrecerle una reducción de penas en este proceso de arrepentimiento que, hasta ahora, solo se usó con Leonardo Fariña en la causa que investiga "La Ruta del Dinero K".

El primer paso de Vandenbroele fue firmar un acta que le permitió entrar al régimen de protección de testigos de imputados del Ministerio de Justicia.

Este régimen le permite tener seguridad, una casa segura y un subsidio mensual para pagar sus gastos mientras se encuentra en este sistema.

El segundo paso será declarar ante el fiscal en los próximos días.

Luego, Di Lello tendrá que evaluar si le dio información para que avance la causa. Y finalmente será el juez federal Ariel Lijo quien homologará el eventual acuerdo.

En octubre, una primera negociación fracasó cuando el supuesto testaferro de Boudou, además de protección y una casa segura, pidió "un millón y medio de dólares".

En el gobierno sospechan que un empresario, involucrado en la maniobra, estaba financiando a Vandenbroele.

En esta segunda negociación, previa a la presencia del abogado en Comodoro Py, participó informalmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El viernes pasado hubo un encuentro clave donde el abogado "se dio cuenta que era su última oportunidad antes de una condena".

Tras las detención de Boudou dictada por el juez federal Ariel Lijo, está preocupada por su futuro y aliviado por la posibilidad de no sufrir más presiones.

"Se fue de la reunión sabiendo que decir la verdad ante la Justicia era la opción más segura para él", contó uno de los participantes de las conversaciones a este diario.

Luego se fue a Mendoza y durante el fin de semana en el Gobierno "cortaban clavos" a la espera de una decisión final.

El mensaje llegó y el fiscal Di Lello, en principio, había pedido que la firma del acta se realice fuera de Comodoro Py para tratar de mantener la declaración en reserva.

Lo persuadieron de que era imposible que una noticia de esa envergadura no se filtrara. Entonces, se le pidió que se presentará en la oficina del fiscal.

Si bien el programa de protección lo decide el ministro de Justicia, Germán Garavano, Bullrich tiene que asignarle una fuerza de seguridad federal que le dé garantías sobre su vida para los próximas y tensas semanas.

Durante esas conversaciones intermitentes resultó clave, desde el principio, la negativa de Bullrich a pagar "un millón y medio de dólares".

"No quiero que me pase la gran Galeano", decía la ministra en alusión al ex juez federal que habría dado una luz verde para que la SIDE de Carlos Saúl Menem le pagara al reducidor de autos robados Carlos Telleldín 400 mil dólares a cambio de contar lo que sabía de los policías bonaerenses sospechados de haber entregado la Trafic que se usó como cochebomba en el atentado a la AMIA de 1994.

Al final, la perspectiva de una condena acumulada por 10 años de prisión y la frialdad con que lo trató el kirchnerismo en las últimas semanas lo llevaron a Vandenbroele a quebrarse y prometer decir la verdad de una de las maniobras más oscuras de los K, que incluso podría terminar salpicando al ex presidente Néstor Kirchner.


Vandenbroele ingresó al programa de Protección de Testigos


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