El Gobierno y los gobernadores patagónicos cierran filas contra la RAM y en el conflicto mapuche
Se acordó la conformación de una mesa de Seguridad contra el supuesto grupo violento y acelerar los expedientes legales con reclamos de las comunidades mapuches.
Policía federal y Gendarmería custodian la entrada al predio tomado por los Mapuche en Villa Mascardi.

El Gobierno y los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén no tienen dudas. Para ellos está más que probada la existencia del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Esa conclusión se hizo explícita tras la reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de la Cartera de Justicia, Germán Garavano, y el de Interior, Rogelio Frigerio, con los mandatarios provinciales Alberto Weretilneck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Mariano Arcioni (Chubut) en el despacho del primero en Casa Rosada.

También acordaron una definición sobre el RAM, que tendría su radio de acción en las mencionadas provincias.

"Es un grupo violento que no acepta la Constitución nacional, ni las provinciales, ni la ley", sostuvo uno de los presentes. Uno de los gobernadores se refirió a ellos lisa y llanamente como "terroristas".

"Algunos actos parecen terrorismo", había dicho días atrás la vicepresidente Gabriela Michetti, aunque por ahora esa definición no aparecerá en un documento conjunto, que verá la luz en los próximos días.

De la reunión que se extendió durante una hora y cuarto surgió la conformación de una mesa de articulación que tendrá dos componentes diferenciados, según los actores que participaron de la reunión.

Por un lado se abordará cómo lidiar con el denominado RAM. Por el otro, los reclamos de la comunidad mapuche.

La vertiente para definir y lidiar con el RAM -donde se verán las definiciones que encabezan esta nota- dependerá del ministerio de Seguridad y los ministerios provinciales.

La segunda, será supervisada por Garavano y de las áreas de Justicia, Derechos Humanos y asuntos indígenas a nivel nacional y provincial.

El sentido es establecer un protocolo operativo común de acción y abordaje a las dos problemáticas, que el Gobierno pretende diferenciar.

También, busca recuperar la iniciativa política y subrayar la existencia del RAM que algunos actores de peso, como la Iglesia, ponen en duda.

"Con la RAM, se está armando un enemigo interno”, declaró el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro.

El titular de la diócesis de Bariloche, que luego fue respaldado por la Conferencia Episcopal -cercana al papa Francisco- obligó al Instituto de Asuntos Indígenas -es decir, al Gobierno- a sentarse en una mesa de diálogo con las comunidades mapuches y asociaciones de Derechos Humanos.

"La iglesia va a tener que darse cuenta que esta en una posición que no es clara", señaló otro de los presentes en la reunión en el despacho de Peña.



Germán Garavano y Patricia Bullrich.

El Gobierno, al mismo tiempo, acordó con los gobernadores acelerar las negociaciones con las comunidades mapuches que reclaman dentro de la ley y que tienen un expediente iniciado.

"Queremos que haya ritmo, que se respete la ley", dijo uno de los funcionarios que participó de la reunión.

La semana que viene ya estará listo un documento para abordar operativamente las dos mesas y que presentarían funcionarios del gobierno y los gobernadores.

"Se presentará un relevamiento con los 77 atentados que la RAM se adjudicó, para que quede claro con quién estamos lidiando y que no es es cierto que este grupo violento no existe", acotó otro de los participantes.

Fuente: Clarín


 

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